LA VIOLACIÓN MASIVA COMO ARMA DE GUERRA QUEDA IMPUNE EN EL CONGO
El Congo, antiguo Zaire, es un país de África Central considerado uno de los más pobres del mundo a pesar de su riqueza de recursos como el oro, el cobre o el coltán que generan guerras para su control. Es el segundo país más extenso del continente y limita con República Centroafricana, Sudán, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia y Angola. Es una excolonia de Bélgica independizada en 1960.
La vulneración de los derechos humanos como la violación masiva usada como arma de guerra queda impune en la República Democrática del Congo, ya que las víctimas no denuncian por miedo a represalias, a ser repudiadas por sus familias o por falta de medios para contratar a un letrado, según explica la abogada congolesa Nicole Odia. La defensora de los derechos del hombre y directora de la oficina de Kinhasha de la organización Acción Contra la Impunidad, denuncia arrestos sin respeto a los derechos humanos o violencia de género derivados de la guerra por el control del territorio congolés donde se explotan el oro, el cobre o el coltán. “Hay gran cantidad de gente responsable de estos delitos a nivel de los agentes del propio estado”, así como “agentes del ejército, militares y gente con poder que abusa de el o civiles y personal de la judicatura” añade Odia.
La congolesa explica que las violaciones en cadena se producen en el norte, el sur y el este del país, tanto por soldados como por familiares y las mujeres no se atreven a denunciarlas porque “por razones culturales se culpabiliza a las víctimas”. Esta situación de conflicto armado lleva también a la “esclavitud de la población civil” o al arresto de periodistas por parte de distintas facciones armadas. Estos culpables quedan sin castigo ya que dependen de la jurisdicción militar y estos tribunales evitan sentenciarlos.
En los últimos años han muerto más de 5 millones de personas lo que ha producido un éxodo a otros países y los emigrantes no pueden regresar por miedo a perder la vida. Sin embargo la situación de este país centroafricano con 71 millones de habitantes no interesa a los medios de comunicación, añaden fuentes de la ong Amnistía Internacional. La situación es más difícil para las mujeres, más de la mitad de la población, y los niños quienes también son sometidos a abusos e incluso a esclavitud como niños soldados o trabajadores en las minas. Afortunadamente ahora se ha creado una constitución y modificado el código penal para erradicar estos delitos de lesa humanidad y ya se ha abierto una causa contra la explotación de menores soldado, derivada de la ocupación militar de los territorios ricos en recursos minerales.
Odia señala también la falta de recursos económi cos del propio estado para paliar esta situación e indica que el capital mineral del país debería ser explotado a nivel público para recaudar fondos para luchar contra estas violaciones de derechos. Especialmente grave es la situación de las mujeres que ya empiezan a asociarse para reclamar un marco jurídico contra estos crímenes. En este sentido, la organización de Odia trabaja en la sensibilización social para atajar esta cadena de violencia y corrupción. “Sólo el 50 por ciento de la población está escolarizada y hay que empezar por las generaciones futuras educándolas en el respeto a los derechos humanos”, indica.
La modificación del código penal ha servido para incluir 16 tipologías de violaciones sexuales, antes sólo se contemplaba una, y ha endurecido las penas que en el pasado no superaban los tres años. Se ha creado la Agencia Nacional de Lucha contra la Violencia de Género, y el Ministerio de Género que trabaja en colaboración con el de Justicia: “Pero la situación no ha cambiado mucho porque la mujer sigue teniendo vergüenza de denunciar”, puntualiza. Por eso es preciso que “políticos, judicatura y ongs trabajen juntos para erradicarla”.
“Las violaciones de los derechos humanos se producen en las 11 regiones congolesas en las que existe un importante desplazamiento de la población a causa de la guerra. Hay asesinatos de civiles, violaciones de mujeres, niños y hombres, esclavitud por los soldados y mujeres y niños que trabajan en las minas en condiciones infrahumanas”. Así el Congo tiene pendiente la lucha en defensa de estas víctimas “pero falta voluntad política dentro y fuera del país” para llevarla a cabo.
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